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¡Buenos días! Un viernes plagado de noticias en América Latina, que incluso nos ha obligado a dejar de lado aspectos relevantes, como la asunción del reelecto presidente dominicano Luis Abinader, o el interminable escándalo en torno al ex presidente peronista Alberto Fernández en Argentina. Pero aquí le entregamos un resumen esencial de lo que no puede dejar de saber en materia informativa, para que se vaya a disfrutar el fin de semana estando al día de lo que pasa, y preparado para lo que pueda pasar en las semanas siguientes. Un viaje noticioso que nos llevará de México a Brasil, de Venezuela a Paraguay. Y donde hablaremos de democracia, de justicia, de narcotráfico, de violencia, libertad de expresión, y muchas otras cosas relevantes. Así que, sin más demoras, ¡empezamos!
El final de mandato del presidente López Obrador está generando olas en México. Esta semana, todo el sistema judicial se encuentra sumido en una “huelga indefinida” en rechazo a una reforma constitucional que impulsa el mandatario. La propuesta de AMLO incluye, entre otras cosas, cambiar a la mayoría de los jueces del país, que deberían, a partir de ahora, ser elegidos por voto popular.
La idea es resistida por empresarios, partidos de oposición, y operadores judiciales en el entendido que implicará el fin de un poder judicial independiente, ya que el partido que tenga mayorías políticas controlará así tanto el Ejecutivo como la mayoría de los cargos judiciales.
Pero además, la propuesta ha motivado una fuerte crítica del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar quien, en una poco frecuente comunicación pública, dijo que la propuesta afectará la democracia en este país. Ante esto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo notar que en muchos estados de EE.UU. los jueces se eligen por voto popular, lo cual es parcialmente cierto. En realidad, en EE. UU. sólo los jueces locales son electos por voto popular, y los otros se designan a propuesta del presidente, pero con votación del Senado.
Polémica y droga. La polémica ha vuelto a poner sobre el tapete la salud institucional de México, en momentos en que una inminente guerra entre cárteles de la droga tras la caída del “capo” de Sinaloa, Ismael Zambada, tiene en vilo al país. Pero… ¿qué está pasando en México? Se lo preguntamos a Roberto Salinas, Director del Centro para América Latina de Atlas Network y Presidente de Alamos Alliance. “En los últimos 30 días de López Obrador se pretende, con toda la fuerza y toda la maquinaria política, impulsar una serie de reformas que algunos de nosotros consideramos altamente tóxicas”.
Según Roberto, “la reforma judicial pretende que se corra a todos los jueces federales de absolutamente todos los ámbitos, particularmente de la Suprema Corte, y que se apruebe un mecanismo de voto popular para la designación de los nuevos jueces. Entonces imagínate. Junto con esta propuesta tan tóxica está la idea también de eliminar a los órganos autónomos descentralizados, lo que es una violación de los términos del tratado de libre comercio con México, Estados Unidos y Canadá, la Comisión Federal de Competencia, el propio Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información”.
“Mucho de esto tiene una lógica visceral, una lógica de mostrar ´yo aquí fui presidente y yo así voy a dejar las cosas. Este es el México que yo quiero. Yo soy la encarnación de la voluntad popular´. Entonces estamos viendo los peores vicios del Mesías tropical, como bien lo caracterizó Enrique Krause”.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó esta semana la “victoria” de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, sellando el respaldo institucional al partido gobernante. El fallo, lejos de calmar las aguas en el país, las ha embravecido todavía más, ya que ese órgano es dependiente del presidente, no tiene competencias en materia electoral, y su presidenta publicó el día antes de las elecciones este simpático video llamando a votar por Maduro.
La mayoría de los países del continente asumieron este fallo como la confirmación final de que Maduro ha optado por el camino “a lo Daniel Ortega” de ir a una dictadura completa. Los Gobiernos de Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay calificaron de “fraude” el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo dijo el presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, que llegó a afirmar que “Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia en su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. La dictadura de Venezuela no es la izquierda”.
Maduro ha desatado una feroz ola represiva que ha incluido la detención de un centenar de menores de edad entre los más de 1300 detenidos en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones. Algunos de ellos han sido capturados en operaciones consistentes con secuestros, sin órdenes judiciales, indicios de flagrancia ni acceso a defensa elegida por ellos. Nos encantaría poder tener “la voz local” de expertos venezolanos en esta materia, pero el temor a las represalias de la dictadura hace que esas voces hoy opten por el silencio.
La dictadura venezolana, así como su par nicaragüense, desplegaron casi en simultáneo una ofensiva radical contra organizaciones no gubernamentales de sus respectivos países. Una nueva arremetida de los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega para eliminar opositores y silenciar las voces disidentes. Ambos regímenes atraviesan momentos de gran presión y han reaccionado con represión, censura y miedo.
Lo de Nicaragua fue brutal. De un solo golpe, el gobierno ordenó el cierre de 1.500 ONG, las cuales se suman a las más de 5000 que fueron clausuradas desde las protestas populares contra el gobierno que se desataron en abril de 2018 y que dispararon el recrudecimiento de la represión por parte del régimen orteguista. El motivo que llevó al cierre unilateral de tantas organizaciones, según explicó el Ministerio del Interior, es que incumplen las leyes que las regulan, “No reportaron por periodos de entre 1 hasta 35 años sus estados financieros”, señaló la ministra María Amelia Coronel.
La drástica medida contra las ONG fue ejecutada apenas 3 días después de que el ejecutivo anunciará que modificará las condiciones de funcionamiento de dichas organizaciones, las cuales a partir de ahora deberán aliarse a instituciones del Estado para poder trabajar en Nicaragua. “Alianzas de asociación”, le llamó Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador Ortega, al nuevo modelo que regirá para las ONG que funcionan en Nicaragua. La medida les quita autonomía en los proyectos y pone en manos del régimen el control sobre los recursos que reciben.
Venezuela. No vaya a creer el lector que la arremetida madurista fue más suave. Qué va. El régimen, que se aferra al poder a pesar de la contundente paliza que recibió en las elecciones presidenciales, se encuentra acorralado por el reclamo no solo de su pueblo sino de la comunidad internacional, y demostró que defenderá su posición con sangre y fuego.
Un día antes que su aliado Managua, Caracas aprobó su ley sobre ONGs, catalogadas por Maduro como fachadas “para actividades terroristas” que, como se dijo al principio, profundiza la persecución de opositores. En medio de la terrible situación de represión que se vive en el país caribeño, el Parlamentó votó de forma unánime la aprobación de la nueva normativa que, con gran margen para la discrecionalidad gubernamental, las obliga a registrarse ante el Gobierno e informar de su financiamiento.
Todo Paraguay se encuentra conmocionado por la muerte del diputado Eulalio Gomes en un enfrentamiento a tiros con la Policía. El incidente ocurrió durante un operativo antidrogas en la residencia del parlamentario fallecido, ubicada en la localidad de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil. Efectivos que participaron de la maniobra relataron que al llegar a la finca del parlamentario fueron recibidos con una lluvia de disparos de arma de fuego y respondieron en consecuencia, hiriendo gravemente a Gomes, que recibió un tiro en el rostro y otro en el pecho.
El allanamiento, que respondía a una orden del juez para la detención de “personas sospechosas de formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico”, no tenía como finalidad la captura de Gomes, con fueros parlamentarios, sino que en cambio iban por su hijo Alexandre, quien logró escapar del lugar, pero más tarde se entregó a las autoridades.
Asesinado. Según el abogado de Gomes, su cliente fue asesinado mientras se encontraba en estado de indefensión, en su cama y desarmado. Por su parte, el Congreso paraguayo aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el suceso y el presidente de la Cámara de Diputados, Basilio Núñez, declaró que no irá a emitir comentarios hasta tener una versión completa de lo ocurrido. No obstante, la Cámara declaró tres días de luto en honor a Gomes y sus restos fueron trasladado a Asunción para ser despedidos en la sede parlamentaria. Algunos diputados condenaron el hecho y exigen la renuncia del Ministro del Interior, Enrique Riera, y del jefe de Policía. El Presidente Santiago Peña respaldó a los suyos: “La policía cumplió la orden de un juez. Reafirmo mi compromiso con el trabajo de las instituciones. Apoyo al ministro del Interior”, sostuvo.
Eulalio “Lalo” Gomes tenía 67 años y estaba imputado por “lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas peligrosas “. Además de su banca en el Parlamento, era un acaudalado ganadero de la zona noreste del país, conocido por poseer una inmensa riqueza, estimada en 130 millones de dólares. Pero la sombra del narcotráfico siempre se proyectó sobre sus hombros.
Si bien el diputado negó cualquier relación con la ilegalidad, las circunstancias en que lo encontró la muerte aumentan las suspicacias.
La voz local. Para traer una voz local contactamos a Luis Fernando Sanabria, de la Fundación Paraguaya. Luis Fernando nos dijo que “El caso ha provocado divisiones en el partido Colorado (partido de gobierno), en el cual Gomes era un leal seguidor del expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Otro “condimento” de la situación son las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las empresas del Sr. Cartes, lo que ha llevado a algunos a especular que la muerte de Gomes podría haber sido un asesinato para eliminar pruebas. La Cámara de Diputados ha pedido la destitución del ministro del Interior y del jefe de policía, lo que parece ser un principio de ruptura con el gobierno. Por el contrario, la Camara de Senadores ha dado su respaldo a la institucionalidad y pedido una investigación profunda del tema.
Mientras a nivel político en Brasil se sigue comentando el escándalo que involucra al todopoderoso ministro del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, acusado de investigar en forma irregular a dirigentes cercanos al ex presidente Bolsonaro, explotó otra bomba en la opinión pública. El empresario Elon Musk, dueño de la red social X-Twitter, anunció que cerraba las oficinas en ese país.
La decisión se da luego de que el propio De Moraes amenazara con llevar a la cárcel a los empleados de esa red social que se negaran a acatar su decisión de eliminar determinados contenidos de carácter político. La plataforma afirmó en un comunicado que De Moraes “no respeta la ley ni el debido proceso”, al cursar órdenes “de censura” para eliminar contenido. “Sus acciones (de De Moraes) son incompatibles con un gobierno democrático”, dijo la plataforma, que publicó judicial en la que se vuelve a ordenar eliminar varios perfiles.
Para entender un poco mejor esta polémica, contactamos a Magno Karl, del centro de estudios Livres de Brasil, quien nos decía lo siguiente:
“Es difícil separar lo que es un truco publicitario o una demostración de poder en este debate entre el Tribunal Supremo de Brasil y Elon Musk. Ambos son conocidos por disfrutar de la atención del público. Sin embargo, en mi opinión, la Corte Suprema de Brasil debería estar mucho más vinculada a sus responsabilidades y su papel institucional que Elon Musk, un empresario que no es brasileño y no reside en Brasil”.
“La salida de X de Brasil no significa que el acceso al antiguo Twitter estará restringido en el país. Sin embargo, significa que es probable que X debilite su defensa judicial en Brasil, lo que podría significar que el sitio web eventualmente sea bloqueado cuando algún usuario viole algún artículo legislativo y algún juez ordene el cierre de Twitter como castigo (probablemente por no eliminar el “contenido criminal” lo suficientemente rápido). Ha pasado con Whatsapp y muy bien podría pasar con X también”.
Esta situación marca de forma muy clara una polémica que existe hoy en buena parte del mundo. Por un lado la necesidad de regulaciones y leyes que amparen el honor y la dignidad de las personas ante las noticias falsas. Pero también la libertad de expresión ante burócratas que se creen con derecho a decidir quién tiene derecho a decir qué.
Newsletter publicado originalmente en Mirada Sur
Martín Aguirre, Director
Rodrigo Caballero, Editor
