Los enfrentamientos en el campo legal por la posesión de tierras destapan un posible favorecimiento, en desmedro de una colectividad productiva conformada por núcleos familiares que trabajaron la tierra desde hace 20 años en San Ramón (tercera sección municipal) y Candelaria del Palmar, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. El predio afectado es de la Comunidad “Sujalito” con una extensión de 1.178 hectáreas.
Los herederos del fallecido Andrés Holvy Añez Paz reclaman la expropiación de tierras en esta zona, despojando a pobladores de 15 comunidades del municipio de San Ramón. Los reclamos son activados a la cabeza de José Eduardo Añez Paz. La viuda, Aidee Paz de Añez, y sus seis hijos son los integrantes de la herencia legada por el señor Añez Paz.
No obstante, existen sospechas de un posible consorcio de abogados y magistrados del Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional, que con sus decisiones judiciales, vienen favoreciendo a la familia Añez Paz.
Este conflicto de tierras en la Comunidad Sujalito pone al descubierto una asociación de juristas y altos tribunales del país que benefició a la familia Añez Paz con más de una docena de fallos judiciales para desalojar a decenas de familias Indígenas originarios campesinos que trabajaron y cultivaron sus tierras por más de dos décadas, pero fueron excluidos y desconocidos por el Órgano Judicial, denunció el apoderado legal de la Comunidad Campesina Sujalito, Víctor Hugo Espinoza junto al dirigente Juan Carlos Canllave.
“La familia Añez Paz (también) reclama tierras en San Ramón, Trinidad, Rurrenabaque y San Borja. ¿Qué dice el artículo 401 de la Constitución Política del Estado?. Que no puede haber más de una dotación, y si hay latifundio; o sea, el incumplimiento de la Función Económica Social (FES) y la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión. (Por los antecedentes judiciales del caso), ahora estoy pidiendo la reversión”, asegura Víctor Espinoza, apoderado legal de los comunarios.
“No estamos hablando de interculturales, ni avasalladores ni loteadores. Estamos hablando de familias asentadas hace más de 20 años. En el caso de San Ramón, el propio alcalde de esta localidad ha certificado que la familia Añez Paz no es conocida en el municipio. ¿Y cómo es que le van a dar 1.178 hectáreas a una familia que no ha trabajado la tierra?”, resalta Espinoza en puertas del Viceministerio de Tierras.
Señaló que en la comunidad Sujalito se realizó, el 25 de octubre pasado, una Audiencia Pública del municipio de San Ramón, que contó con la presencia del alcalde Germán Sánchez Padilla; presidente del Concejo Municipal, Fernando Farela; presidenta del Control Social, Susana Soria, secretario General de la Central Campesina de San Ramón, Orlando Carvallo, presidenta del Comité Cívico, María Paticú, secretario de Relaciones de la Federación Regional Campesina Corredor Norte de la Chiquitanía de Santa Cruz, Max Amilkar Prado, además de las 33 familias asentadas en el lugar, donde se reafirmó el apoyo pleno para dar legalidad del asentamiento pacífico realizado por las familias campesinas el año 2002.
En la actualidad 33 familias campesinas conformaron una asociación con personería jurídica y razón social reconocida por la alcaldía de San Ramón, quienes cumplen desde hace un poco más de 21 años la Función Económica Social y se constituye en el principal proveedor de carne de res y cerdo al municipio, pero hoy la familia Añez Paz, liderado por José Eduardo Añez Paz, se atribuyen ser los propietarios de esos predios, al aseverar que habitan en este predio, lo cual falta a la verdad histórica de los hechos.
De acuerdo con Espinoza, la familia Añez Paz que reclama la propiedad de la Comunidad Sujalito, tiene 15 procesos en revisión en el Tribunal Constitucional de Sucre y lo sugestivo es que mediante acciones de amparo constitucional pretenden adjudicarse grandes extensiones de tierras rurales a través de consultas constitucionales como modus operandi.
“Lo que llama poderosamente la atención es que varios casos por alguna extraña situación son sorteados a la Sala Especializada Cuarta del Tribunal Agroambiental, cuyos magistrados son: Gonzalo Hurtado Zamorano e Yvan Espada Navia, cuyos veredictos favorecen siempre a la familia Añez Paz, convirtiéndose en un “modus operandi” que afecta la imagen de este alto tribunal y del gobierno del presidente Luis Arce Catacora”, manifestó Espinoza.
Recordó que la Acción de Amparo Constitucional que presentó el Viceministerio de Tierras ante la Sala Constitucional Tercera de la Jurisdicción de La Paz, fue admitida y tutelada mediante Resolución Constitucional 79/2022 de 26/04/2022; habiendo ordenado deje sin efecto el Auto Interlocutorio definitivo Nº 012/2021 y se emita un nuevo auto, tomando en consideración los argumentos que esta Sala ha postulado. Sin embargo, ahora existe el riesgo que el Tribunal Constitucional se parcialice en contra de los comunarios.
Posteriormente, en conferencia de prensa y denuncia pública en Santa Cruz, el apoderado legal de la Comunidad Sujalito, acompañado de dirigentes y comunarios del lugar, precisa: “El Tribunal Agroambiental en lugar de cumplir sus funciones para lo que fue creado por la Ley 025, ha estado en varios casos simplemente favoreciendo las decisiones del INRA. Y el INRA está mal visto por la sociedad por los cambios intempestivos de las autoridades, no hay continuidad en las labores y ninguna supervisión a las dotaciones de tierras fiscales. En el caso de la Comunidad Sujalito se da una situación ‘sui generis, un modo de operación que no es transparente, cuando menos hay dudas sobre su accionar (…) el Tribunal Agroambiental después de 10 años saca una resolución rechazando la posibilidad de revisar el expediente agrario; durante 10 años no hace absolutamente nada”.
Enfatiza que hacen 20 meses que les han dado la tutela a la Comunidad Sujalito por una acción de Amparo Constitucional presentada el 26 de abril de 2022 por Ramiro Guerrero, en la sede del Viceministerio de Tierras en La Paz. En 20 meses tenía que haberse resuelto en revisión la resolución constitucional que lo vuelva Sentencia Constitucional, sin embargo ‘duerme’ en el Tribunal Constitucional en Sucre. Mientras tanto la familia Añez Paz ya reclama el desalojo y pone a la venta la tierra de la Comunidad Sujalito, que en promedio cuesta casi $us 2 millones.
Agrega que una dotación de tierra fiscal no se puede vender, pero la familia Añez Paz puso a la venta las tierras en páginas de Facebook e Internet.
“No nos consta que hay coima, soborno o consorcio porque eso no deja recibo. Lo que sí decimos es que no hay transparencia. ¿Cómo se van a guardar 10 años un expediente para que después rechacen el mismo? El tema va más allá. Revisando los antecedentes en la página oficial del Tribunal Constitucional, nos sorprende que la familia Añez Paz tiene 15 procesos reclamando la tenencia de tierra en distintas comunidades, por citar la Comunidad Agropecuaria Maravilla en Trinidad, Cotoca en San Borja o Sujalito en San Ramón”, dice. El jurista determina que “hay una mano negra que colabora a estas intenciones malsanas, constituyéndose prácticamente en un delito de latifundio. Hemos denunciado al INRA que hay posible latifundio de esta familia. Entonces, el deber del INRA está en aperturar los expedientes, hacer una revisión ‘in situ’ y determinar quién cumple la función económico social. El Tribunal Constitucional está llamado por ley a revisar las decisiones y resoluciones de las salas constitucionales que están en todo el país”.
Profundiza su crítica subrayando que el Tribunal Agroambiental está para revisar las resoluciones del INRA, pero no puede hacerlo. “¿Saben por qué? Fue director nacional del INRA del 2011 al 2014, Juanito Tapia García. Hoy es mandamás del Tribunal Agroambiental, entonces ¿cómo puede revisar las decisiones del INRA? Ahí hay falta de ética, no digo que puede trabajar o no; pero uno tiene que tener moral, no puedo ir a un lugar donde me tienen que revisar, donde me tienen que controlar si he hecho bien mi trabajo o no. Esas son las incongruencias que hemos encontrado en la revisión de estos expedientes y son 15 comunidades a punto de ser desalojadas”, argumenta el abogado de la Comunidad Sujalito.
Asimismo, el alcalde de San Ramón, Germán Sánchez Padilla y el presidente del Concejo, Fernando Farela, alertaron el 4 de noviembre pasado a las autoridades gubernamentales sobre el conflicto de tierras que persiste desde hace más de 20 años en esta alcaldía y afecta a 15 comunidades campesinas, en especial a Sujalito, donde viven 33 familias que trabajan la tierra cumpliendo la función social establecida por la Constitución Política del Estado desde el año 2002, pero hasta la fecha no pueden acceder a la legalización de sus predios.
“Estamos preocupados porque esta comunidad dedicada a la producción de ganado y podemos ver que en su mayoría el predio está trabajado por los comunarios, lastimosamente tienen ese conflicto con una tercera persona que realmente no lo conocemos que es el señor Añez, no lo conocemos, no nos ha visitado a las autoridades y por ende el señor es desconocido acá. Nosotros vamos a dar fe siempre que esta comunidad es una de las primeras comunidades del municipio, porque el municipio fue creado en 1999, entonces las familias campesinas se han asentado desde el 2002”, menciona Sánchez.
“Según todo el historial que tiene el municipio, no podemos desconocer a una comunidad que realmente existe y la vamos a certificar las veces que sea necesario, porque los comunarios han trabajado la tierra, están cumpliendo la función social y son productores de ganado, el cual también nos abastece al municipio”, dijo el burgomaestre.
Por su lado, el secretario de Relaciones de la Federación Regional Campesina Corredor Norte de la Chiquitanía de Santa Cruz, Max Amilkar Prado, dijo que la preocupación es grande por la disputa de tierras en general que afecta a todo a los municipios de San Ramón, Concepción y San Ignacio: “Entre 15 a 20 comunidades están atravesando por la problemática de tierras, cada una con una media de extensión de 1.500 hectáreas. Lamentablemente todas las sentencias han sido cuestionadas porque todas han ido a favor de los empresarios que tienen inmensas dotaciones en desmedro de las comunidades campesinas”.
El dirigente Marcelino Robles, denunció los atropellos y mentiras de las autoridades del INRA, que cada año son cambiados, donde el supuesto dueño ha saneado sin que sean informados cuando ya estaba avanzada la documentación. “Proveemos carne a la población con ganadería y granjas de chanchos. Tenemos registros de ganado y certificaciones del SENASAG donde todos los años realizamos vacunaciones en el tema de sanidad animal”, exterioriza.
Robles destaca: “Queremos denunciar públicamente que hay mano negra de las autoridades que no nos escuchan y toda la documentación es hecha bajo el escritorio, no sabemos cómo. No nos entramos a avasallar esas tierras, la comunidad nació porque antes era de uso del narcotráfico, tenemos documentación de la FELCN y la Policía”.
“Se están vulnerando los derechos al trabajo de nuestras familias afiliadas de la Comunidad Sujalito en San Ramón. Como CSTUCB respaldamos totalmente a ellos que vienen cumpliendo la FES hace más de 22 años trabajando la tierra, constituyendo un derecho legal a través del sudor de la frente, demostrando la necesidad que tienen de trabajar la tierra alimentando al pueblo cruceño. Como organización matriz no vamos a permitir ningún tipo de atropello en contra de las familias y vamos a acompañar en la parte social y en todos los trámites legales que correspondan”, manifiesta Edwin Arce, presidente de la comisión Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Finalmente, el apoderado legal de la Comunidad Sujalito, pide a las autoridades respectivas que haya la posibilidad de abrir todos los expedientes y revisar si han cumplido los procesos para la adjudicación de tierras fiscales. “Se está despojando y echando productores, y lastimosamente cuando hay normativas, una ley o sentencia, las fuerzas del orden y la Policía cumplen su deber de expulsar o desalojar a gente que ha trabajado su tierra durante 22 años, en el caso de Sujalito. Hemos presentado acciones y denuncias ante el Viceministerio de Justicia; nos han derivado al Consejo de la Magistratura, pero quiero ser sincero: el Consejo de la Magistratura es como una agencia de empleos que no fiscaliza nada. Nos han contestado que no tienen tuición para hacer auditorías a las decisiones del Tribunal Constitucional”, indica Víctor Espinoza.
Apuntes
El Tribunal Agroambiental de Sucre, después de 9 años y 4 meses emitió auto interlocutorio definitivo números: 012/2021 de 18/03/2021; que dispone: anular obrados hasta la admisión, contra Resolución Suprema N° 01590 de 18/09/2009. por falta de legitimación activa del viceministro de Tierras que interpuso demanda contenciosa administrativa en fecha 05/12/2011 cuando estaba vigente el Decreto Supremo 29215.
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En fecha 17/03/2021 el director nacional del INRA, remite el expediente agrario nro. 22675 propiedad “Sujalito” y rechazado mediante providencia de fojas 1094: estese al auto interlocutorio definitivo Nro. 12/2021 de 18/03/2021.
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El viceministro de Tierras presentó acción de Amparo Constitucional contra el auto interlocutorio 012/2021, la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJLP). otorgó la tutela constitucional en favor del viceministerio de Tierras y por tanto anuló el auto interlocutorio 12/2021, mediante resolución constitucional Nro. 79/2022 de 26/04/2022.
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En cumplimiento al art. 40 – i – ii del C.P.C., las resoluciones constitucionales son de aplicación inmediata, si tomamos en cuenta que la R.C. Nº 79/2022 de 26/04/2022, transcurrieron 4 meses tiempo en el cual existió incumplimiento de deberes. la sala primera del Tribunal Agroambiental emitió un segundo auto interlocutorio definitivo S1 Nro. 37/2022 de 07/09/2022 que dispone: anular obrados hasta el Auto de Admisión, repite el primer auto interlocutorio y no cumple lo dispuesto en la Resolución Constitucional N° 079/2022 y ratifica in extenso el auto interlocutorio 12/2021, cometiendo el delito de incumplimiento de Resolución Constitucional.
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“Ni el viceministerio de Tierras ni el INRA, menos los terceros interesados (Comunidad de Sujalito) hicieron en su momento, reclamo alguno, porque no fueron notificados, dejándonos en completa indefensión”, explica Espinoza.
Acciones Judiciales contra 33 familias campesinas de la Comunidad Sujalito
Primero.-
La parte impulsora y herederos de Andrés Holby Añez Paz, representado por José Eduardo Añez Paz, reclaman la propiedad de la Comunidad Sujalito que fue adjudicada dolosamente mediante R.S. 01590 de 18/09/2009.
“Esta familia tienen 15 procesos en el Tribunal Constitucional de Sucre, lo sugestivo es que esta familia mediante estas acciones de Amparo Constitucional se adjudicaron grandes extensiones de tierras rurales y también casas y otros bienes inmuebles a través de consultas constitucionales como modus operandi”, explica Espinoza.
“Lo que llama poderosamente la atención es que varios casos, por alguna extraña situación, son sorteados a la Sala Especializada Cuarta, cuyos magistrados son: Gonzalo Hurtado Zamorano e Yvan Espada Navia, cuyos veredictos favorecen siempre a la familia Añez Paz, convirtiéndose en un “modus operandi” que afecta la imagen de este alto tribunal y del gobierno del presidente Luis Arce Catacora”, agrega.
Segundo.-
La acción de Amparo Constitucional que presentó el viceministerio de Tierras ante la Sala Constitucional Tercera de La Paz, fue admitida y tutelada mediante Resolución Constitucional N° 79/2022 de 26/04/2022; habiendo ordenado deje sin efecto auto interlocutorio definitivo Nª 012/2021 y se emita un nuevo auto tomando en consideración los argumentos que esta sala ha postulado. La fase de revisión corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre signado con el expediente No. 47894-2022-96-aac, ingresado el 31/05/2022, que se mantiene desde esa fecha en despacho de magistrado.
Tercero.-
Se presentó denuncia ante el Ministerio de Justicia, haciendo conocer los vicios de nulidad en las definiciones que se convierten en sentencias constitucionales, solicitando que el Consejo de la Magistratura ordene una auditoria en el Tribunal Constitucional; para poner al descubierto los sorteos inducidos. Fue aceptado por el Ministerio de Justicia en fecha 18/10/2023 y notificado el Consejo de la Magistratura de Sucre, firmada por la viceministra de Transparencia, Susana Ríos Laguna.
Cuarto.-
El 18/10/2023 es presentado el memorial dirigido a Sala Constitucional Tercera, pidiendo el cumplimiento in extenso de Resolución Constitucional N° 79/2022 de 26/04/2022, conminatoria en curso.
