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La polémica reforma judicial con que el presidente López Obrador busca despedirse del gobierno, comienza a golpear a la economía mexicana. El peso mexicano cayó fuerte en los últimos días, y se acerca a su peor cotización frente al dólar en más de 4 años. Al mismo tiempo, Norma Piña, primera presidenta mujer de la Suprema Corte de Justicia del país, inició dos consultas entre los ministros para determinar si posee facultades para suspender la reforma judicial, aprobada en la Cámara de Diputados.
Vale recordar que esta reforma, entre otras cosas, pretende que todos los jueces del país deban ser electos por voto popular, algo que muchos analistas y expertos consideran sería el final de la separación de poderes en el país, y la toma del Poder Judicial por el partido del actual presidente López Obrador. La propuesta también ha generado tensiones con Estados Unidos, que advierte que “amenaza” la relación comercial regulada por el T-MEC -tratado donde también participa Canadá- y sería un “riesgo” para la democracia mexicana, pues considera que el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.
“No hay posibilidad de echar para atrás la reforma, esa fue la decisión del pueblo de México. Además, nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México”, dijo en un rapto de elocuencia la presidenta electa Claudia Sheimbaum. Para tener una “voz local” de este tema tan complejo, consultamos a José Torra, analista del centro de estudios Caminos de Libertad, quien nos decía lo siguiente:
“La reforma es una fuente inagotable de incertidumbre. De entrada, ahora los ministros de la Suprema Corte serán electos por voto popular y la duración de su cargo dependerá de la cantidad de votos, o sea es un asunto de popularidad puramente”.
“Ahora, qué implica esto. Qué en un país sin contrapesos legislativos y pocos contrapesos institucionales, ahora los encargados de representar a la constitución ya no representarán a la constitución sino a sus partidos o a sus electores. La elección popular de jueces es acabar por completo con los contrapesos en México”, concluía José.
Por qué me importa. Uno de los grandes dramas históricos de América Latina es la proliferación de liderazgos mesiánicos, que se creen por encima de las leyes. Al terminar con la Justicia como contrapeso a los excesos del poder electoral, México debilita los derechos de las minorías, y profundiza el camino hacia el populismo, que será imitado luego por otros líderes regionales.
Un video que muestra al cuñado de la Presidenta Xiomara Castro, hermano del ex Presidente Manuel Zelaya, negociando sobornos con un grupo de narcotraficantes, desató la crisis en el gobierno de Honduras. Filmado en 2013 por el capo narco Devis Rivera con una cámara oculta en un reloj de muñeca, el video documenta una reunión que Carlos Zelaya mantuvo con 4 traficantes a fin de recaudar fondos para la campaña electoral hacia las elecciones de ese año. Lo hizo público el sitio Insight Crime y sacudió los cimientos del entorno de Castro, que asumió en 2021 con la promesa de combatir el narcotráfico y la corrupción.
Luego de difundido el video, la mandataria salió en Cadena Nacional de Radio y Televisión para denunciar que existe un plan para destruir a su gobierno y debilitarlo de cara a las elecciones del año próximo. Además, condenó “todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”. Pero las evidencias no la respaldan. Las imágenes son elocuentes y ponen en evidencia el vínculo directo entre la política hondureña y la mafia de la droga.
Trasfondo. La crisis no comenzó con la publicación del video, sino que viene de antes. A fines de agosto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se refirió a una reunión mantenida en Venezuela entre José Manuel Zelaya, hijo de Carlos y hasta ese momento secretario de Defensa, y Roosevelt Hernández, jefe de las FFAA hondureñas, con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Maduro que está imputado por delitos de narcotráfico por el Departamento de Justicia estadounidense. Dogu señaló que le pareció “sorprendente ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante”. Xiomara Castro tomó estas palabras como un ataque contra su ejército y su gobierno y anunció que le pondría fin al tratado de extradición de narcotráfico y crimen organizado que mantiene con Washington.
La voz local. Para entender la relevancia de este escándalo, consultamos a Guillermo Peña, de la Fundación Eleutera de Honduras, que nos decía esto:
“Lo que está pasando es un efecto de la concentración de poder y del reto en la trinchera geopolítica. La administración Castro ha tomado una postura de abierta pelea con Estados Unidos, en un tiempo en que Estados Unidos está muy metido en el tema de Venezuela, México, y toda la región. En Honduras estamos al final de un proceso de 15 años, desde el 2009, que se inició cuando en el 2008, Zelaya, siendo presidente, abre el frente hacia el Castrochavismo, llegando a donde estamos ahora, avalando el resultado electoral en Venezuela y diciendo que Maduro ganó y no importa nada”.
“El video fue una bomba. Pero es parte de un juego de movimientos en el ajedrez político y eso fue lo que estalló. La cosa es que desde que nació, el Partido Libre de Zelaya tuvo una posición anti-golpe, una posición anticorrupción, una posición antinarco. Que salga ahora todo este tema pues le quita toda la credibilidad en un momento en el que también están enrollados en ese tema de Venezuela”.
El presidente colombiano Gustavo Petro vivió una de sus peores semanas desde que está en el poder. Un severo conflicto con el gremio de los transportistas dejó sin combustible, y amenazó cortar incluso el abastecimiento de alimentos, a las principales ciudades del país. El conflicto se enmarca en una creciente tensión social en el país cafetero, generada por un mandatario con ambiciones reformistas extremas, pero escaso foco y una tendencia a involucrarse en conflictos innecesarios.
Finalmente, en la madrugada de hoy viernes, se logró un acuerdo que puso fin al paro de transportadores y sus bloqueos en todo el país. Los camioneros y conductores de otros tipos de vehículos cumplieron cuatro días de protestas contra el aumento anunciado a finales de agosto por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del precio del diésel. Además de Bogotá, el paro se ha sentido en corredores viales de 23 departamentos, entre ellos Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Meta. Incluso la compañía petrolera estatal, Ecopetrol, debió cerrar algunos de los campos petroleros más importantes del país, ante la imposibilidad de sacar el producto de las reservas debido a los bloqueos de tránsito impuestos por transportistas.
Según analistas locales, el gobierno enfrenta serios problemas económicos, entre los cuales uno de los más significativos es la inflación, por lo cual cedió ante la presión de los transportistas. Todo eso suma para que hoy Petro sea uno de los presidentes con peores cifras de apoyo popular de toda América Latina. Según la más reciente encuesta bimestral de Invamer Poll, el 29% de la población colombiana aprueba el desempeño del jefe de Estado en la dirección del país, mientras que el 66% la desaprueba.
Los datos indican, además, que la popularidad del jefe de Estado ha ido decayendo con el paso de los años de su mandato. En agosto de 2022, cuando asumió como presidente de la República, contaba con una aprobación del 56% y con un 20% de desaprobación, lo que representa una pérdida de 27 puntos porcentuales en dos años.
Mañana se celebra la declaración de la Independencia de Brasil, el llamado Grito de Ipiranga, y también habrá un acto masivo contra el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes. Como venimos anunciando en Mirada Sur hace semanas, la crisis entre el juez y la plataforma X/Twitter, derivó en la prohibición completa de esa red social en Brasil desde hace días, lo cual ha generado una polémica de escala global.
La convocatoria fue lanzada por el expresidente Jair Bolsonaro en la Av. Paulista de la ciudad de San Pablo, y tendrá movilizaciones satélites en otras grandes ciudades del país. Surgió luego de que se hicieran públicos unos mensajes entre de Moraes y sus asesores, donde quedaba demostrada que el ministro utilizó el aparato del TSE para respaldar decisiones contra aliados del expresidente. Y ganó mucha fuerza luego del choque entre Elon Musk y De Moraes y la orden emitida por éste que decretó la suspensión de la red social X en el país.
Trasfondo. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Quién es capaz de determinarlos? Esa es la pulseada que vienen trabando desde hace meses Elon Musk y el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes. Este último fue quien emitió la orden judicial de bloquear la red X en Brasil, por considerar que la plataforma había incurrido en reiterados incumplimientos judiciales. La medida provocó la reacción de Musk, que calificó a Moraes de “criminal de la peor calaña disfrazado de juez”, aseguró que “merece cárcel” y lo acusó de tener al presidente Lula da Silva controlado como si fuera una mascota. En medio de esa esgrima de espadas largas, la compañía de banda ancha satelital Starlink, también propiedad de Musk, con más de 250 mil clientes en Brasil, anunció que no acataría la orden de bloquear X. Pero al día siguiente dio marcha atrás, informando que se uniría a los demás proveedores de Internet que ya bloquearon la plataforma.
La pulseada entre el juez brasileño y el magnate tecnológico tiene proyección internacional. Es que se da con el trasfondo, por un lado, de una creciente preocupación de los estados por el poder casi sin límites de las plataformas tecnológicas para las cuales las fronteras y los gobiernos nacionales parecen no significar ningún límite. Y, por otro, en medio de un creciente ataque a la libertad de expresión por parte de políticos que se amparan en nuevas sensibilidades y conceptos como “delitos de odio”, para marcar estrechos límites a lo que se puede o no decir públicamente.
Chile recordó esta semana el aniversario de un hecho histórico, y cuyo efecto se sintió en todo el continente. Hablamos de la derrota del proyecto constitucional impulsado por la izquierda para cambiar radicalmente el sistema de convivencia en el país. Hoy, mucha gente ha olvidado la relevancia del aquel proceso, que fue presentado por los grupos de la izquierda regional, como el experimento definitivo para llevar a un país por vía democrática rumbo a un sistema indigenista y socialista. El resultado fue tan contundente, fue tan severa la derrota de la propuesta en una elección con récord de participación popular, que los efectos de ese temblor se siguen sintiendo hasta hoy.
En aquel momento, en América Latina no se hablaba de otra cosa. Todos los dirigentes “bolivarianos” y de la izquierda más moderada, anunciaban con bombos y platillos el nacimiento de un nuevo regimen político en Chile. La cristalización de un proyecto político popular, que vendría a enterrar la “constitución de Pinochet” (cosa que no era tan así), y que traduciría en resultados concretos el estallido social que arrasó la capital chilena en 2019. Todo el mundillo “bien pensante” progresista, desde ONG´s internacionales hasta actores de Hollywood, festejaban el momento, cuyo punto cúlmine fue un acto de cierre que, visto a la distancia, no deja de dar un punto de vergüenza ajena, “cringe” como dicen los jóvenes ahora.
Sería, además, el triunfo personal del nuevo niño mimado de estos sectores ideológicos de la región, el flamante presidente Gabriel Boric. Pero, las urnas tiraron abajo el festejo planificado. Con detalles expresivos como que, en las regiones con mayor población indígena, que se suponía serían los grandes beneficiados, fue donde mayor fue la derrota de la nueva constitución. Pero para valorar el impacto de aquel hito, consultamos al abogado, analista y director de la fundación Res Pública, José Francisco Lagos.
– A dos años de los hechos, ¿qué relevancia tuvo para Chile la derrota del proyecto constitucional de 2022?
– Tuvo una relevancia significativa por varias cosas: era la primera vez que en Chile se hizo una elección con inscripción automática y voto obligatorio, por lo cual podemos hablar del resultado con mayor representatividad de nuestra historia, casi un 90% del padrón concurrió a las urnas. Lo segundo es que constituye un verdadero portazo para el proyecto refundacional de la izquierda, que quería que Chile se pareciera mucho más a los países del “socialismo del siglo XXI”, y finalmente vio ese esfuerzo frustrado.
– ¿Hay alguna lección que se pueda sacar desde fuera de Chile de ese proceso?
-Varias lecciones. Una de ellas es que para la defensa de ideas resultó fundamental el rol de la sociedad civil y el esfuerzo comunicacional. Como institucionalmente las ideas se vieron sin representación significativa, la única opción que quedó disponible era la de la opinión pública, y en ese sentido resultó crucial el esfuerzo por no estar ausente de ningún debate.
Lo segundo es que tener instituciones proclives a nuestras ideas, hacen que hayan oídos mejores dispuestos a escuchar las ideas de la libertad. Las personas quieren elegir la educación de sus hijos, quieren que los fondos de pensiones sean de ellos, etc. Si tienen concretamente esa posibilidad material de elegir, es más comprensible el perjuicio que se causa eliminándolas.
Newsletter publicado originalmente en Mirada Sur
Martín Aguirre, Director
Rodrigo Caballero, Editor
